Guido Bonilla Pardo
Sociólogo  y analista político

Ya lo había dicho Alan Jara en el momento de su liberación: “Estamos en un mundo al revés”. Sí, efectivamente, hoy parece ser que las víctimas son los victimarios y los victimarios las víctimas.

Guido Bonilla Pardo
Sociólogo  y analista político
 
Ya lo había dicho Alan Jara en el momento de su liberación: “Estamos en un mundo al revés”. Sí, efectivamente, hoy parece ser que las víctimas son los victimarios y los victimarios las víctimas. La situación más frecuente de esta torcida del mundo y de la razón, es, desafortunadamente todavía, la violencia sexual y especialmente aquella que implica ataque carnal violento. En estos casos existe la percepción, machista y miserable, por supuesto, que la víctima es la determinadora de tan horrible crimen. O sea, que ella seguramente con su conducta y forma caminar y de vestir, seductora e insinuante, dirían a los que les avergüenza reconocer la violación consentida socialmente, indujo a quien la acechaba a que la violara. Ella seguramente provocó a su violador. Ella es la culpable. El mundo al revés.

Pero traslademos el debate a un asunto que no toque hilos tan íntimamente sensibles, aunque no menos importante. A uno en el que muchos colombianos y colombianas no temerían expresar de viva voz su verdadero talante de victimario pasivo: el secuestro.
 
Las víctimas de este delito contra la libertad e integridad personales lograron, por las inhumanas condiciones  en las se encontraban cautivos, despertar la solidaridad de todo el país. En febrero de 2008, como país nos volcamos contra las FARC –muchos también contra toda expresión de violencia armada-  exigiendo su liberación inmediata y sin condiciones. En aquella oportunidad se experimentó un sentimiento colectivo de alivio por aquella carga de indiferencia que por años llevábamos a cuestas y –creo- todavía tenemos por los que todavía quedan en las selvas. Pero la inmensa mayoría de esos millones de conciudadanos –compatriotas dirían otros- al otro día, libres de conciencia y recargados en su espíritu, retomaron sus rutinas de “shoping” y de “chateo pueril” –cotorreo por internet-; retomaron con nuevos bríos a las rutinas que imponen las banalidades del mundo contemporáneo. Se sintieron libres, orgullosos y convencidos que a partir de ese magnánimo acto –instante de desprendimiento personal- tenían ganada la medalla de oro de la solidaridad. Amanecieron rezagantes y convencidos que desde aquel mismo instante nada ni nadie les volvería a generar esa indescifrable molestia de pensar sólo en ellos mismos. Creyeron que el camino hacia el emprendimiento y del éxito personal estaba lleno de reconocimientos y agradecimientos por parte de los demás.
 
Pero la vida se encarga de presentarnos las cosas que no queremos volver a ver. La vida nos pone a pensar en los problemas que todavía no encuentran solución. En esta oportunidad la vida escogió el camino de la demanda judicial en busca de reparación estatal. Y qué mejor que sea una de las víctimas la que encarne esta nueva lucha por la dignidad. Nadie mejor INGRID BETANCOURT, una de aquellas víctimas que por omisión del estado fue secuestrada y que por acción del estado liberada, la que asuma esta nueva epopeya para salvar a Colombia del poder y la arrogancia de los guerreros, aun a costa de su vida, su seguridad y su dignidad personal y la de su familia.
 
Sí, estoy convencido que una protagonista del talante, la entereza y la sensibilidad social, como lo ha sido Ingrid Betancourt, es la más indicada para llevar a cabo esta nueva tarea humanitaria y  jurídica para que de una vez por todas este país -y el mundo- se entere que existen millones de víctimas de esta guerra interna, que desde hace ya sesenta años nos carcome las entrañas. Sí, millones de víctimas, pues también existen miles de desaparecidos –cien mil según algunas fuentes-, miles de asesinados, masacrados o descuartizados –la cifra puede llegar al millón- y millones de desplazados y despojados de sus tierras y bienes.
De ella ya se empieza a decir que “si la secuestraron fue culpa de ella misma”; que “ojalá la secuestren de nuevo pero que esta vez se pudra en la selva”. A demás se ha creado toda una campaña por las redes de la internet para declararla persona no grata y miles de compatriotas, eufóricos, se unen a la nueva causa del olvido y la indiferencia frente a la trágica condición de los millones de víctimas.
 
Los más sorprendidos son algunos agentes estatales, que como el vicepresidente Francisco Santos, no dudan en calificar la acción jurídica de reparación emprendida por una víctima –Ingrid Betancourt- como “una traición a los soldados de la patria que arriesgaron sus vidas para liberarla”, como si ella estuviera en deuda con el Estado y con aquellos soldados que participaron de la famosa y todavía dudosa “operación Jaque”. Gratitud es lo que muchos hemos expresado, pero no nos sentimos en deuda.
 
Algo similar ha dicho Camilo Gómez, consejero de paz en el gobierno de Andrés Pastrana. Con autoridad de causa ha dicho que “a la señora Ingrid Betancur se le dijo, se le advirtió de los riesgos que implicaba un viaje por carretera hacia San Vicente del Caguan”. Además, que se “avisó de la existencia de un reten ilegal de la guerrilla ubicado a pocos kilómetros del sitio donde se encontraban Ingrid, su comitiva y un piquete importante de soldados, comandados por un coronel”. Finalmente, ha sacado a la luz pública la irrefutable prueba reina que la incrimina en la situación que condujo, pocos minutos después, a su secuestro y al de Clara Rojas: “ella firmó un documento en el cual asumía toda la responsabilidad por su decisión de ingresar a una zona donde se registraba la presencia de los grupos armados ilegales”. Bueno, no sólo se registraba la presencia de la guerrilla, sino de miles de efectivos del ejército, la fuerza aérea y de la infantería de marina; o sea de tropas oficiales. Y era obvio que así fuera, pues unos días antes el propio gobierno había declarado toda la antigua “zona de distensión” zona de guerra, convirtiendo más de 42 mil kilómetros cuadrados en teatro de operaciones militares continuadas.
 
Bueno, esas y otras razones y pruebas que han expuesto varios agentes gubernamentales y militares y ex del gobierno Pastrana parecen contundentes y, ciertamente, lo son. ¿Pero que prueban? Veamos otros ejemplos.
 
Quien ha intentado pasar a una zona restringida por orden militar o policial –y una zona de guerra ciertamente que lo es- ha pagado tal osadía: mínimo es requerido por alguna autoridad presente en el lugar. Además, es sometido a la más estricta requisa y varias  de sus pertenencias decomisadas mientras se examinan y se valora su potencial peligro para la seguridad del Estado. Finalmente, es reseñado y por un tiempo detenido en un calabozo mientras se judicializa y la autoridad competente define su situación. Lo que sucede en una calle bogotana cuyo solo paso es prohibido -y las hay bastantes- no difiere mucho. Simplemente, sin el permiso debido, no se puede pasar o transitar y para eso hay dispuestos algunos obstáculos físicos y varios policías o militares armados. Los tienen para eso y sus órdenes son precisas: evitar que alguien pase o transite. Y tienen razón es una zona restringida. Además el Estado, por razones de seguridad, está investido por la Constitución y la Ley para declarar y establecer esas y otras prohibiciones. Por molestas que parezcan hay que obedecerlas y si no se quiere, pues hay que obligar a obedecerlas. Recordemos: la autoridad policial y militar está para obedecer y hacer obedecer la ley. Eso no se discute.
 
Pero desafortunadamente eso no fue lo que pasó aquel 23 de febrero de 2002. El Estado no puede simplemente “informar” que se está en peligro inminente, “avisar” dónde están y quiénes son los que ponen en peligro a los demás. No, el Estado no es un simple “razonero”, un “mensajero” de peligros. El Estado está investido del poder y la autoridad para evitar que tal peligro se haga efectivo en contra de sus ciudadanos. Bien porque logra neutralizar o reducir a quienes están poniendo en peligro a los demás, máximo si sabe quiénes son y dónde están y, además, tiene los medios adecuados para hacerlo; o bien, porque evita que los ciudadanos se “metan a la boca del lobo”.
 
Esas son las dos dimensiones de la actuación estatal frente a un peligro inminente: o neutraliza el peligro o impide que los ciudadanos caigan en él. Pero jamás avisar y, como gran cosa, hacer firmar papeles o bitácoras que establecen un principio de responsabilidad del ciudadano respecto a lo que después le pueda pasar.[1] Obvio, todo ciudadano advertido de un peligro inminente debería tomar todas las precauciones posibles para evitar verse inmerso en una situación peligrosa y de esa manera sustraerse de los riesgos que tal situación implica. Pero lo segundo no exime la responsabilidad del Estado respecto a lo primero.
 
Ingrid Betancourt y su comitiva fue advertida del peligro pero, a pesar de ello, mantuvo su decisión de ir por esa vía hasta San Vicente del Caguan, no le dieron otra opción. En ese caso, en mi opinión, la tropa allí dispuesta tenía, en clave de responsabilidad, dos alternativas: armada hasta los dientes, acompañaba a Ingrid y su comitiva hasta San Vicente del Caguan o evitaba, con los medios a su disposición, que Ingrid y su comitiva partiera hacia San Vicente del Caguan. Sin embargo, las autoridades militares no hicieron ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: les facilitó los medios para que Ingrid y su comitiva se enfrentaran solas al reten ilegal que la guerrilla tenía instalado a pocos kilómetros, con el resultado por todos conocidos: fueron secuestradas por la guerrilla y así permanecieron durante seis largos años.
 
Por tales razones acompaño a Ingrid Betancourt y a su familia en esta difícil tarea de evitar que, por las liberaciones encausadas por el Estado, caiga el manto del olvido sobre la responsabilidad del Estado respecto a los millones de víctimas de la guerra y las violaciones de los derechos humanos.[2] No, todo lo contrario, invito a todas las víctimas de la guerra interna a abrir una causa contra el Estado en busca de reparación. Sólo así, el país otra vez podría, quizás, levantarse por los millones de compatriotas, anónimos la inmensa mayoría, víctimas de las atrocidades de la guerra.
 
Pero, es también una oportunidad, en el marco y bajo las circunstancias de una demanda personal y familiar de reparación por de perjuicios, para abrir de nuevo un debate nacional acerca de la urgente y necesaria ley de víctimas. Ahora al final del régimen de Uribe y en el umbral de nuevo gobierno de Juan Manuel Santos se podrían conciliar mejor los espíritus.
 
Bogotá D.C., julio 12 de 2010

[1] Recordemos cuántas veces, en circunstancias de una protesta estudiantil reducida a golpes de culata, bolillo y gases lacrimógenos, hemos firmado, aun sangrando y llenos de moratones, los libros de entrada y salida de las estaciones de policía, en los que afirmábamos “haber recibido buen trato tratado”.
[2] Otra situación y otro tratamiento jurídico merecen las FARC por su responsabilidad penal en el acto del secuestro.