Martes 2 de junio de 2009

Quedarse y participar, bajo renovadas garantías, en la consulta interna del POLO, es quizás la más importante decisión de Gustavo Petro. No sólo porque reafirma la consulta interna como el mejor y más democrático procedimiento político que tienen hoy los partidos para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, sino porque reafirma como fuerza dirigente a la variopinta tendencia socialdemócrata que se ha posicionado en el POLO, después de varios años en los cuales la vieja cúpula extremo-izquierdista, liderada por Robledo y compañía, logró controlar, como nomenclatura burocrática, el Comité Ejecutivo y la Dirección Nacional del POLO. Gustavo Petro y todas aquellas fuerzas políticas que lo acompañan, entendieron que es dentro de la disputa democrática del POLO que se debía hacer la pelea y es más grande su actitud, toda vez que se encuentra en total minoría. Esta decisión, que aplaudo, reafirma que la democracia no solo es un problema de números y votos en un aparato de dirección sino de ideas democráticas que efectivamente sectores como el MOIR y el PCC no logran asumir, entender, ni defender.

De Carlos Gaviria se esperaba esta decisión desde que dijo NO a una nueva presidencia del POLO y otra candidatura a la presidencia del país. Él es un demócrata a toda prueba, capaz de concitar a la opinión nacional entorno a un ideario democrático, pero muy mal aconsejado en política de alianzas y conducción política del POLO por el MOIR, el PCC y otros cuantos que se declaran de alguna tendencia seudoproletaria. Tanto Petro como Gaviria, podrían ser la apuesta del POLO para una fórmula ganadora en 2010. ¿En qué orden? Eso lo define la consulta.

Lo fundamental del proceso de consulta está en el ideario y el programa que el POLO y el candidato ganador le proponga al país, que no puede ser distinto a la recuperación y desarrollo del espíritu y los fundamentos de la Constitución Política de 1991, hoy totalmente carcomidos por los apetitos clientelistas de los partidos y tendencias liberales y conservadoras, la guerra insurgente y sus prácticas devastadoras y terroristas, las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, cuya responsabilidad recae principalmente en las Fuerzas Armadas y de Policía, y últimamente, borrados del mapa constitucional y legal, por el uribismo y el paramilitarismo y su hija natural y consentida, la parapolítica.

Pero el país a quien se le va a consultar requiere y exige ideas y no consignas. Programas, proyectos y acciones concretos de gobierno y no formulaciones genéricas que poco o nada dicen y menos aún resuelven los graves problemas por los que atraviesan millones de hombres y mujeres, millones de jóvenes, pues son ellos a quienes se les irá a consultar si quieren que sea Gustavo Petro o Carlos Gaviria, quien represente al POLO en las próximas justas electorales por la presidencia de la República.

Para este gran propósito, es importante tener claro y definir, primero una plataforma o programa de gobierno para la paz democrática, que perfile un cambio de rumbo del actual régimen político que rige el país y que perpetúa la guerra como condición para seguir gobernando.

Un gobierno en el que el POLO pueda ser la fuerza articuladora tiene la obligación de poner fin a la guerra y de todas las estrategias de guerra que se han desplegado en el transcurso de los últimos cincuenta años y que hoy se condesan en la mal llamada “seguridad democrática”, que no logra dar seguridad sino a los empresarios que han auspiciado y financiado la guerra, y plena democracia a sus más entrañables amigos, pues para la inmensa mayoría de colombianos, incluso a sus áulicos y seguidores, es más una situación de sometimiento al poder de las armas de quien pretende ganar la guerra.
Terminar la guerra como propósito nacional se consolida siempre y cuando, en el marco de un acuerdo político, las FARC y el ELN renuncien irremediablemente a la lucha armada como vía para conseguir los cambios. Sobre este presupuesto, los primeros acuerdos del Gobierno y la guerrilla, con el acompañamiento de la comunidad internacional –países amigos o facilitadores- deberían circunscribirse a las formas de su transición de fuerza armada a fuerza política civil.

Lo anterior no es un asunto de manejo político sino estratégico, pues un proyecto de PAZ DEMOCRÁTICA requiere y exige del estricto monopolio de las armas por el Estado; pero bajo una doctrina militar democrática, orientada exclusivamente a la defensa de la soberanía y las fronteras del país. En este sentido las FF.AA. de la nación tendrían que defender el orden constitucional y las instituciones republicanas, previa autorización del Congreso Nacional, en la exclusiva situación de un ataque militar por parte de una potencia extranjera.

Sobre este esfuerzo pacifista, el nuevo gobierno debe proponerse, con audacia y sensatez, restituir y desarrollar los postulados y principios del Estado Social de Derecho, para que disentir y oponerse, en medio de la deliberación pública, no sea, como ahora esta sucediendo, la cabeza de un proceso judicial contra el terrorismo, sino la clave de un orden político y cultural que le apueste a restablecer, o por lo menos recuperar, las posibilidades del pluralismo democrático, en el cual tengamos la oportunidad de gozar de las condiciones necesarias para desarrollar nuestras capacidades intelectuales, físicas, psico-afectivas y emocionales, productivas y laborales con plena garantía y protección para el goce de todos nuestros derechos y en ejercicio de la máxima responsabilidad social con los demás, con la familia, la sociedad y el país en general. En el campo de la política democrática hay que ser contundentes y definitivos: la guerra y la confrontación armada es un medio agotado y anacrónico para que una fuerza política popular acceda al poder del Estado y del gobierno.

En el orden económico es necesario construir un modelo de desarrollo en el que sea posible el trabajo honesto, bien remunerado y el ingreso justo, en el marco de una política estatal de seguridad social real y efectiva, no paternalista pero tampoco desinteresado por las condiciones sociales de reproducción del trabajo. Con un claro, definido y sólido régimen de control social, estatal y fiscal al capital, pero al mismo tiempo que libere al capital de trabajo de las cargas no relacionadas directamente con la operación económica y laboral de las empresas. Donde los empresarios tengan incentivos efectivos para hacer realidad la tan anhelada pero hasta ahora inocua función social y ecológica de la propiedad, y reduzca, hasta eliminar definitivamente la poderosa y vigorosa economía ilegal –también la ilegalidad económica- articulada al narcotráfico, al contrabando, la extorsión y el secuestro, fuente casi inagotable de rentas y medios de y para la guerra.

Un programa de gobierno, que fije de manera definitiva los criterios y salvaguardas de garantía para una inversión extrajera responsable con los riesgos pero comprometida con las metas del desarrollo nacional, que abra las puertas a los acuerdos comerciales de mutuo beneficio con todos los países, incluyendo a los Estados Unidos y la Unión Europea.
Un programa de gobierno que defina un ambicioso plan de inversión social en salud, educación, vivienda, servicios públicos, entre otros aspectos, que soporte un proceso de paz democrática y equidad social. Que defina una política militar democrática que supere de manera definitiva la concepción del enemigo interno y reestructure administrativa y operativamente las fuerzas armadas, en particular el Ejército Nacional, la infantería de marina, la Policía Nacional y todo el aparato de inteligencia estatal. Adicionalmente, es urgente revisar el fuero y reformar la justicia militar, y dar un vuelco democrático a la administración de justica, de tal manera que los procesos y procedimientos de designación de magistrados y jueces sean garantes de su independencia e imparcialidad y éstos, a su vez, consulten estándares de calidad, oportunidad y eficiencia procesal.

Política de alianzas

En relación con la continuidad con el régimen comunitario de Álvaro Uribe Vélez -léase tercer periodo- es urgente que los precandidatos establezcan las bases de una alianza política multipartidista, cuyo objetivo debe ser alcanzar la primera magistratura. Para ganarle a la “aplanadora ultraderechista y violenta” del uribismo, se requiere de un amplio espectro de convergencia política, no exclusivamente de izquierda, sino que logre atraer a toda fuerza política o electoral que se oponga a la guerra como estrategia de gobierno. Sólo en este sentido se entienden las recientes conversaciones del POLO con sectores del Partido Liberal.

El reto para el POLO en el momento actual es constituirse en la fuerza de oposición más grande y consolidada del país, de tal manera que esa convergencia se dé en torno a su programa y sus propuestas, de tal manera que si hay segunda vuelta, logremos aglutinar a toda la oposición democrática en la segunda y definitiva vuelta. Pero para lograrlo hay que hacer en ese sentido un acuerdo previo con los demás partidos que se enfrentan al uribismo. Ahora, si logramos jalar ese acuerdo previo y ganamos, listo estamos en la dirección y en la capacidad de hacer cumplir el acuerdo previo; pero si perdemos, los que tendremos que cumplir seremos nosotros. Si ganamos y los demás faltonean, pues salen del juego; pero si perdemos y “faltoniamos” salimos del juego. Mi más ni menos.

El reto tanto de Gustavo Petro como de Carlos Gaviria es consolidar, a partir de su precandidatura y en el desarrollo de la próxima consulta a todos los ciudadanos una propuesta de alianza democrática para gobernar el país. Los puntos sobre los cuales se logre un acuerdo político electoral previo son variados y múltiples, los anteriormente expuestos son apenas aportes a este propósito.

Post-escritum.- No creo que bajo la tutela de la Dirección Ejecutiva anterior del POLO la posibilidad de esta consulta abierta a la ciudadanía hubiera sido posible. Por eso es falaz el comentario del senador Jorge Robledo, en el sentido de que el protocolo de garantías aprobado para facilitar la inscripción de Gustavo Petro como precandidato a la presidencia y auspiciada por el sector socialdemócrata que orienta mayoritariamente la Dirección Nacional y Ejecutiva del PDA, no aportó nada. Dr. Robledo, ese protocolo de garantías simplemente aporto todo lo necesario para evitar una ruptura calamitosa del partido.